Miércoles 22 de Noviembre de 2017
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Nacionales
Publicado: 13-09-2017

Condenaron a los agentes policiales de Tigre que golpearon a un hombre

Mirá el video donde se ve el abuso de autoridad en plena calle. Recibieron penas de prisión.
BUENOS AIRES.– En 2016, una noticia de abuso policial se hizo masiva en todas las redes sociales y medios de comunicación. Es que mediante un video se veía como el inspector municipal Héctor Sosa y el agente del Centro de Operaciones Tigre (COT) Gustavo Castillo ahorcaban y golpeaban a José Ojeda, de 57 años, un repartidor de harina en Tigre, tras una discusión de tránsito. Hoy, la justicia les impuso penas por 6 y 5 años, respectivamente, por “lesiones graves calificadas por pertenecer a una fuerza de Seguridad y abuso de autoridad”.

A casi un año de los eventos que se habían viralizado en als redes sociales, desde el Twitter de la Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional (Correpi) anunciaron que, finalmente, se les impusieron penas a los dos integrantes de las fuerzas de seguridad de El Tigre por las brutales agresiones que sufrió un repartidor de harina tras un discusión.

Era el 13 de octubre de 2016 y Ojeda salió a trabajar con su camioneta como lo hacía cotidianamente. Cerca de las 17 llegó a la distribuidora de harinas y margarina “Masa”, en un playón sobre el cruce de ruta 9 y ruta 27, junto a la estación de servicio Shell. Allí, tal y como era su labor, cargó los pedidos que tenía que repartir en Pacheco junto a su compañero, Pablo.  Pero cuando quiso seguir su recorrido se encontró con una patrulla policial del COT que le bloqueaba la salida. 
 
De acuerdo al relato de José y testigos en el juicio, le pidieron a los agentes que movieran el vehículo, pero éstos le contestaron de mala manera y comenzó una discusión. El trabajador, que debía cumplir su horario, intentó entonces arrancar la camioneta, rodeando el patrullero. Entonces el inspector del COT comenzó a increparlo. A partir de ese momento aparecen las imágenes que provocaron una profunda indignación.

Es que la discusión se volvió más acalorada, hasta que el policía lo tomó del hombro y José intentó zafarse con un empujón. El oficial se le tiró encima a José por detrás, le pasó un brazo por el cuello y empezó a ahorcarlo, mientras le gritaba a su par que lo esposara. El otro agente desenfundó su arma 9 milímetros. Le pegó dos culatazos en la cabeza a José, que empezó a sangrar. En tanto, el primer agente le pegó una patada en la pierna derecha y lo tiró al piso. Así fue fracturado el peroné de José, quien además era sujetado del cuello con fuerza. Para entonces la escena ya tenía varios testigos: vecinos que defendían a José, uno de ellos filmando todo, pese a las amenazas policiales.

La Fiscalía de Pilar inició una investigación de oficio, que terminaría determinando que la causa por “resistencia a la autoridad” había sido fraguada. Los policías no habían sufrido heridas, tal como indicaba la versión oficial. Ambos agentes fueron imputados: el inspector municipal Héctor Eusebio Sosa -de 49 años, empleado de la intendencia de Tigre y quien ahorcó a José- y el sargento Gustavo Leonel Castillo -de 35 años, policía de la Bonaerense-, quien le había pegado los culatazos en la cabeza.

Sin embargo, esta no era la primera vez que Sosa se presentaba ante la Justicia. En 1999, mató a Víctor “Frente” Vital, un joven de 17 años, perseguido por robo y asesinado cuando estaba con las manos en alto bajo una mesa (historia retratada en el libro Cuando me muera quiero que me toquen cumbia, de Cristian Alarcón), en 2007 fue exonerado de la Bonaerense luego de matar a tiros a dos jóvenes en un “enfrentamiento”, y contaba con varias denuncias por abuso sexual y violencia familiar. 

Cuando quedó al descubierto el escándalo, a Sosa también lo echaron del Municipio. El sargento Castillo, en tanto, recién anoche fue notificado de que quedó desafectado de la Bonaerense, ya que todo este tiempo siguió trabajando en el Comando de Patrullas de Tigre. Sin embargo, hoy , el Tribunal Oral N°3 de San Isidro los condenó por los delitos de “lesiones graves calificadas por pertenecer a una fuerza de Seguridad y abuso de autoridad”, de acuerdo con el requerimiento del fiscal Raúl Casal y la Correpi.

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